El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo este miércoles la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso contra el nuevo impuesto de las grandes fortunas que ha propulsado el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez.
La Presidenta Díaz Ayuso considera que este impuesto de solidaridad a las grandes fortunas invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región de Madrid, por lo que ha solicitado que el tributo sea suspendido de forma cautelar. En este mismo sentido, Díaz Ayuso va más allá y declara que esta medida está diseñada expresamente contra las comunidades que gobierna el Partido Popular, Madrid y Andalucía, ya que en ambas está bonificado el impuesto de patrimonio.
Consecuencias irremediables
El Vicepresidente y Portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio, compareció ayer miércoles en rueda de prensa, tras la reunión del consejo de Gobierno, y aclaró las consecuencias que la medida del Gobierno central tendrá irremediablemente para la región de Madrid.
Ossorio afirmó que la recaudación en nuestro país podría verse reducida considerablemente, y es que tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que se hace en España tiene lugar en Madrid, hecho que afectará claramente a la economía.
El Vicepresidente y Portavoz asegura además que el impuesto provocará que la Comunidad de Madrid tenga considerables pérdidas, situando las cifras entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año.
La repuesta de Ayuso en el Tribunal Constitucional
La Presidenta Díaz Ayuso ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional fundamentado en varios aspectos con los que hacer frente al Gobierno central y a la figura de Pedro Sánchez.
§ Invasión de las competencias económicas. Afirma la Presidenta de la Comunidad de Madrid que el nuevo impuesto de Sánchez atenta contra el artículo 156 de la Constitución. La medida vulnera la gestión autonómica, ya que suplanta las funciones para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso del Impuesto sobre Patrimonio que en la comunidad madrileña está bonificado al 100% desde 2008.
§ Injustificación. La recaudación estatal de impuesto está batiendo todos los records por lo que la Presidenta afirma no tener base ninguna lo dictado por Sánchez.
§ Ruptura del principio de igualdad. El Gobierno de Ayuso considera que es una medida que se dirige taxativamente contra Madrid y Andalucía ya que son las dos comunidades que bonifican al 100% el impuesto al patrimonio.
§ Transgresión del principio de lealtad institucional. Con la medida se obliga a las Comunidades Autónomas a cumplirlo sin haber llegado a un consenso con ellas.
§ Vulneración del procedimiento legislativo. La Comunidad de Madrid alude a que no ha sido sometido a una consulta pública, haciendo oídos sordos a las advertencias de la Cámara.
§ Inseguridad jurídica. Los contribuyentes que decidieron realizar inversiones o ahorros durante el 2022 amparados bajo la inexistencia de esta medida, ahora se ven afectados por ella por su principio retroactivo.
La actuación de la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central no ha cogido por sorpresa, y es que la Presidenta Ayuso lleva desde octubre del pasado año anunciando de su intención de recurrir el nuevo tributo.
No obstante este nuevo enfrentamiento no coge de nuevas, y es que hay que recordar el enfrentamiento en materia educativa, sanitaria y económica que mantienen ambas Administraciones. Ya en diciembre de 2017 la Comunidad de Madrid ganó la disputa por el IVA, espera la resolución al litigio por las entregas a cuenta de 2019 y ya denunció ante el Tribunal Supremo el supuesto reparto arbitrario de una parte de los fondos europeos.
Los expertos avisan de su inconstitucionalidad
El último estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado de forma conjunta por siete catedráticos de derecho Financiero y Tributario, avisa de la inconstitucionalidad del nuevo impuesto del Gobierno de Pedro Sánchez. Afirman ser “innecesario, inoportuno, extemporáneo y con difícil encaje en un sistema tributario moderno”. Continúan los expertos avisando de su escaso poder recaudatorio a corto plazo y nulo a medio y largo plazo, lo que provocará inseguridad jurídica y distorsión. Las consecuencias, informan, será una negativa recaudación debido a la huida de la inversión.
Por su parte Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), calificó el impuesto como inconstitucional en forma y fondo que llevará a una deslocalización del patrimonio y a una pérdida de la inversión.
Cerca de las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en el mes de mayo, esta medida de Sánchez provoca un nuevo cruce de intenciones entre ambas Administracionesy un panorama nada alentador. Ante tal escenario que se arroja, y de forma preventiva, la Comunidad de Madrid ha dado un paso al frente y para atenuar el impacto, pondrá en marcha una deducción fiscal del 20% a inversiones extranjeras en la región.
Fuente: El Blog Salmón